A principios de este año, luego de obtener los resultados de la PSU y realizar el trámite de admisión, recuerdo que el Ministro Lavín expuso una idea frente al proceso para ingresar a las universidades a través de la PSU, pero mayor cabida al debate no se dio. Luego de meses de conversaciones silenciosas sobre tal tópico, esta semana me encuentro con la noticia que siete Universidades privadas aceptaron la moción que condujo el Demre; ser partícipe del proceso de admisión junto a las Universidades del Cruch.
Esta iniciativa, que tendrá los datos finales el próximo lunes esperando respuesta de unas cuatro entidades privadas más, implica que al momento de postular uno determinará en la instancia de preferencias si uno opta por una privada o una tradicional.
Por un lado esto puede ser positivo; transparentación, permitirá mayor transparencia en el proceso de admisión de entidades que en el papel ofrecen un número determinado de vacantes, pero que en la práctica lo duplica. Así mismo favorecerá en conocer los puntajes de cortes reales de cada carrera en cada entidad. Por otro lado, no tan positivo en realidad, siguiendo la lógica de los rankings que tanto adora el gobierno, delineará entidades mejores y peores, basándose netamente en la diferencia de puntajes del primer matriculado entre una y otra entidad y de la misma manera sobre los últimos seleccionados.
Pero esto conlleva un aspecto negativo; la hegemonía de la prueba de selección universitaria como medio principal de ingreso a las entidades de educación superior. Prueba que tiene un gran rechazo por cuanto mide más la segregación de los estudiantes que sus capacidades habilitantes, pero el tema de discusión de PSU y su legitimidad como prueba seleccionadora entra en una discusión independiente.
Frente a esta apertura del proceso tan hermético de las entidades del consejo de rectores a las instituciones privadas, nos hace pensar si acaso nos encontramos en las vías de democratización de la educación superior y su proceso de admisión en una manera más general, o si bien, es el inicio a la privatización explícita de lo que aún podemos llamar estatal. A mi juicio, estamos encaminados a un proceso irreversible de desvinculación ministerial de la educación superior a un manejo accionario de esta, es decir, privatización de lo que hasta el momento llega a ser medio-privado.
Quizá es una percepción extremista del devenir de la educación superior, pero, para evitar aquello, es que se necesita mayor unificación para la elaboración de propuestas, más diálogo, más informatización a la sociedad y menos creer en los medios de desinformación como primera fuente de la verdad, y hacer de la apertura al proceso algo positivo a la construcción de las reformas educacionales y no una brecha más.
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